Viernes 26 de Abril de 2024

El cambio de modelo de instrucción penal y la decisiones de las Fiscalía de esta semana

La situación política que existe en España alrededor de la Justicia, en la que se aprecia un ansia de control por parte del Poder Ejecutivo, debe poner en cuarentena cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se esté preparando y que vaya destinada a confiar competencialmente la instrucción penal a los fiscales. En esta última semana hemos visto la grave crisis en la Fiscalía en relación al informe sobre la admisión a trámite de la querella del novio de la Sra. Ayuso, para colmo, contra un miembro de la Fiscalía; y ayer supimos de la rapidez con la que la Fiscalía ha impugnado, ante el Tribunal superior, la decisión de un juez de abrir diligencias previas en el tema de la Sra. del Presidente, exactamente horas después de la famosa carta de éste. Este modelo de fiscalía no puede, obviamente, decidir, en esa futura Ley modificada, cuándo se instruye y cuándo no una causa penal; de ese tipo de fiscalía no puede depender el enjuiciamiento por actos delictivos, pues claramente de esas actuaciones (y son sólo dos botones de muestra) se deducen sus condicionantes políticos que se derivan del principio de jerarquía y del nombramiento por el Gobierno del Fiscal General.

La instrucción por el Fiscal, no habiendo motivos para rechazarla en principio, requiere, cuando menos, de una Fiscalía totalmente independiente e inamovible que no esté jerarquizada en la toma de decisiones; requiere una definición clara de quienes puedan ejercitar la acción penal(que no puede ser exclusiva del Fiscal) y la actuación de un juez de garantías que vele por los derechos de las partes procesales.  Todo eso, ahora, con este clima político, es imposible alcanzarlo.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 25 de Abril de 2024

El Presidente, la carta y Pirandello

Nada más lejos de mi ánimo, y de mi propósito con este blog, que hacer juicios de intenciones y, menos, ahora, de hacerlo en relación con la carta que ayer el Presidente, Sr. Sánchez, dirigió a los ciudadanos, cuyo tenor todo el mundo conoce.

Pero me he acordado de Pirandello y de su obra “Así es, si así os parece”, que él calificaba como una farsa filosófica y que encierra un principio de pensamiento que es poco refutable; lo que parece, muchas veces se toma como la verdad objetiva. Y lo que parece la carta del Sr. Sánchez es un modo de presionar al juez que lleva procesalmente las diligencias penales que afectan a su mujer, porque no es la derecha o extrema derecha (a las que acusa el Presidente de la compaña contra ella) la que ha iniciado esas diligencias, sino un juez, que podrá estar equivocado, pero que, en cuanto que Juez, es (lo dice la Constitución en el art. 117) independiente, inamovible, responsable y está únicamente sometido al imperio de la ley. Todo lo que el Presidente dice de sus adversarios políticos, parece que se lo está diciendo al Juez y eso parece un modo grosero de ejercer presión en la labor jurisdiccional que lleva a cabo el Juez, que como miembro del Poder Judicial merece y exige respeto y acatamiento y al que la Constitución no libra, por eso mismo, de sus responsabilidades que son exigibles si las hubiere.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 24 de Abril de 2024

El secreto de las actuaciones judiciales penales y el respeto a la Justicia

Un juzgado puede declarar secretas unas diligencias penales, pero lo tiene que hacer de acuerdo con lo establecido en el art. 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo permite bien para evitar un riesgo grave para la vida, la libertad e integridad física de otra persona o bien para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación del proceso.

Que un Juez abra la semana pasada diligencias penales para investigar ciertas actividades de la Sra. de Sánchez, que las tramite declarándolas secretas (todo indica que en esta ocasión el Juzgado se ha debido basar en ese posible entorpecimiento de la investigación) y que ya las conozcamos casi en su totalidad, da cuenta de cómo algunos de los únicos que deben conocer de su existencia (denunciante, personal del Juzgado y Ministerio Fiscal) lo guardan. Como de costumbre, esta trasgresión y violación del secreto declarado quedará impune y mostrará una cara más de la falta de respeto que la sociedad tiene a la autoridad judicial.

Que el Sr. Sánchez, interpelado hoy en el Congreso en relación con la existencia de esas diligencias, haya afirmado, (vid. www.elconfidencial.com), que “a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia”, parece más un reproche al Juez concreto que un acto de fe en la Justicia, y, si es así, nos mostraría igualmente una falta de respeto a la Justicia, en la persona del Juez que lleva el caso de su mujer.

Valentín Cortés  

 

 

 

Martes 23 de Abril de 2024

La propuesta del Sr. Guilarte

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Sr. Guilarte, ha enviado (vid. La prensa de hoy) a los Presidentes del Senado y del Congreso una propuesta personal de solución al problema del estancamiento en la renovación del Consejo. La propuesta, en síntesis, es modificar la ley Orgánica para privar al Consejo de su potestad de nombrar a los magistrados de los altos órganos del Poder Judicial, incluidos sus presidentes. La propuesta es de enorme calado, puesto que quita a los partidos políticos el aliciente de decidir el nombramiento de personas que, en principio, pueden ser afines a cada uno de ellos, e impedir el de aquellas otras que no lo son. El Sr. Guilarte, que se conoce el tema por vivirlo en primera persona, sabe que ese es el problema que hay que obviar y arreglar y para ello da una solución franca, clara y reveladora de la hipocresía que hay debajo de todo este tema. El problema es que le ofrece esta solución precisamente a quien no quiere perder esas opciones políticas de manejar la Justicia. Pero, a su pesar, tiene la fuerza de poner cada vez más claro y evidente que el sistema actual es inviable, no sólo porque así lo demuestra el estancamiento de la solución de la renovación, sino porque es incompatible con el Estado de Derecho en un país cuyos políticos mayoritariamente han perdido algo tan fundamental como la lealtad constitucional.

Valentín Cortés

 

Lunes 22 de Abril de 2024

 

Los hechos notorios y el Sr. Puigdemont

En Derecho Procesal hay un principio admitido desde que existe como tal derecho por el que los hechos notorios no necesitan prueba. Un hecho notorio es el que es generalmente conocido, también por el Juez. El que lo alega, no tiene, pues, la carga de probarlo.

Digo todo esto porque, aun cuando en términos muy imprecisos, me acabo de enterar (a través de una entrevista ciertamente interesante hoy al Sr. Carrizosa, de Ciudadanos en www.elindependiente.com) que un juez en Cataluña no ha aceptado la impugnación de la candidatura del Sr. Puigdemont a las elecciones catalanas argumentando, según se dice, que Ciudadanos debería haber probado que el Sr. Puigdemont no esta inscrito en el censo.

O la noticia es imprecisa o, quizá, ese juez sea de los pocos que no conocen que el Sr. Puigdemont vive desde hace años de forma permanente en el extranjero, huido de la justicia española. Y si al final resultara que está inscrito en el censo, habría que plantearse qué funcionario lo admitió en contra de una verdad incuestionable, asentada en el conocimiento general y, por consiguiente, notoria.

¡Cosas veredes….!(lo dijera o no Don Quijote). 

Valentín Cortés

 

Viernes 19 de Abril de 2024

El Parlamento Europeo y la futura ley de amnistía

La prensa da cuenta del debate ayer en el Parlamento Europeo del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la futura Ley de Amnistía.

 Lo más importante,  en mi opinión, es que la Comisión de Venecia sigue viendo en la ley aprobada en el Congreso, no sólo posibles motivos materiales de inconstitucionalidad (dentro del sistema constitucional español), que los hay y muy variados, sino, centrándose en   los principios básicos del propio sistema español y del derecho europeo,  entiende que hay un complejo núcleo de causas o circunstancias que nos llevarían, tal como hemos venido defendiendo en este blog, a una ley paradigma de la arbitrariedad que, en nuestra Constitución, está expresamente “interdicta” ( art. 9): así, se nos dice que la ley no cumple ni está cumpliendo la finalidad de la que alardea su Exposición de Motivos ( reconciliación), sino todo lo contrario; se advierte que se ha tramitado de forma fraudulenta( proposición de ley y no proyecto de ley); se sigue manteniendo que se trata de una ley ad hoc, amén de incluir delitos de corrupción( malversación de fondos y terrorismo).Todas ellas causas difíciles de admitir en el derecho europeo.

Todo esto abre, quizá, un esperanzador panorama, cada vez más nítido, de que será una ley que no pasará la criba del Tribunal Europeo y que tendrá, en su caso, una aplicación muy incierta, porque además parece incuestionable que el informe del Parlamento Europeo sobre la Ley tendrá su base en el informe de la Comisión de Venecia.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 18 de Abril de 2024

Un acierto del Sr. Bolaños y del Sr. Fiscal General

La citación ( vid. prensa digital de ayer y de hoy) de los fiscales a las comisiones de investigación que se van a llevar a cabo en el Congreso sobre asuntos en los que han conocido o están conociendo, tiene un recorrido, en términos matemáticos, igual a cero.

Pero, el grado de incultura jurídica-constitucional de nuestra clase política es tal, que desconoce la existencia de instituciones como el secreto procesal o institucional y de la trascendencia penal que tiene desvelar las actuaciones procesales en las que pueden estos funcionarios intervenir. Quizá todo se deba a esa especie de “supremacismo” que se ha instalado en el Poder Legislativo en relación con los demás Poderes del Estado y con todos los ciudadanos, creyendo que las elecciones son el único medio de legitimar los Poderes del Estado y que frente a ellas no hay tampoco respeto a los derechos individuales de los ciudadanos.

Esta vez, el Ministro  Sr. Bolaños y el Fiscal General aciertan al contradecir a su partido político y rechazar las citaciones de los fiscales a las Comisiones de investigación parlamentaria.

Valentín Cortés